El endeudamiento asfixia a los hogares tucumanos y el Congreso debate 14 proyectos para aliviar la mora

La crisis de morosidad en Argentina alcanzó niveles críticos, movilizando al Congreso a tratar 14 iniciativas legislativas que buscan dar una salida a los 6,3 millones de personas con deudas personales. Este escenario se da en un contexto federal alarmante: según datos de Argendata Fundar, casi el 37% de los hogares tucumanos debe recurrir a sus ahorros para subsistir mensualmente. Mientras la oposición y bloques dialoguistas proponen planes de pago a tres años y tasas subsidiadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuye el fenómeno a un error de cálculo de los consumidores ante la inflación, aunque reconoce que la alta mora actual ralentiza la reactivación del crédito.

Desde el Poder Ejecutivo, la lectura sobre el origen de la deuda difiere de la urgencia parlamentaria. Caputo, señaló que el incremento de la irregularidad financiera responde a un comportamiento del pasado reciente. “Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”, afirmó el funcionario.

Caputo explicó que, con el cambio de gestión, los bancos dejaron de financiar principalmente al sector público para volcarse al privado, lo que “generó cierta mora adicional”. Aunque admitió que el Gobierno pidió a las entidades extender plazos y reducir tasas, aclaró que son "decisiones privadas". Pese a que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, sostiene que el sistema se está saneando, los datos oficiales muestran que la morosidad en préstamos personales saltó del 2,94% al 11,2% en un año, el nivel más alto en dos décadas. En el sector de billeteras virtuales, el impago ya supera el 30%.

El arco político, a excepción de La Libertad Avanza, coincidió en la necesidad de intervenir. El proyecto con mayor respaldo, impulsado por Unión por la Patria y firmado por legisladores como Germán Martínez, Cecilia Moreau e Itaí Hagman, propone declarar la "emergencia crediticia" por dos años.

Las principales herramientas en debate incluyen:

• Régimen de desendeudamiento: Auditoría de pasivos para eliminar intereses punitorios y capital si se detectan irregularidades.

• Límites de pago: Las cuotas mensuales no podrían superar el 30% de los ingresos del deudor.

• Financiamiento bancario: Creación de fondos fiduciarios alimentados por aportes extraordinarios de bancos y fintechs (entre el 0,1% y 2,5% de sus carteras de crédito).

• Plazos extendidos: Planes de pago obligatorios de hasta 36 cuotas con períodos de gracia de 90 días.

Créditos ANSES y medidas preventivas

Otra de las alternativas que suma apoyos de sectores diversos —incluyendo a Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Natalia de la Sota— es el retorno de los créditos ANSES. Esta iniciativa permitiría a jubilados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia acceder a hasta $1,5 millones con tasas reguladas por el Banco Central para cancelar deudas previas.

Asimismo, existen proyectos enfocados en la prevención y el control:

• Límites de consumo: Obligar a las tarjetas de crédito a emitir alertas al alcanzar el 50% del límite y bloquear consumos automáticamente tras superar el tope.

• Test de solvencia: La propuesta de Marcela Pagano (ex LLA) sugiere prohibir nuevos créditos si el endeudamiento del cliente supera el 35% de su capacidad de pago.

• Protección UVA: El Frente de Izquierda, a través de Myriam Bregman, plantea suspender ejecuciones hipotecarias y reestructurar cuotas en casos de pérdida de empleo.

Mientras el oficialismo insiste en que el problema se resolverá naturalmente con la baja de la inflación y la reglamentación de la reforma laboral, el sector bancario observa con preocupación el avance de estas leyes. Según Caputo, aunque las tasas mayoristas bajaron del 50% al 25%, ese beneficio aún no llega al consumidor minorista, lo que mantiene la presión sobre el consumo y la economía real.